Durante la jornada del viernes, una comitiva oficial integrada por cívicos provinciales, concejales de San Ignacio de Velasco, funcionarios de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques (ABT), policías y fiscales, activistas medioambientales, junto a la jueza agroambiental Evelin Ortega y la diputada nacional María René Álvarez, fue emboscada por un grupo de avasalladores dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.

La legisladora, ya en horas de la noche, reunida con pobladores de la comunidad San José de Campamento, deploró el actuar delincuencial de esos grupos que fueron encontrados in fraganti con improvisadas construcciones de madera dentro de esta área natural que pertenece al bosque chiquitano, donde realizaron desmontes, cuadricularon y repartieron la tierra. 

La comitiva había partido para verificar la situación en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, que limita con el Bajo Paraguá, y cuando un grupo de más de 50 avasalladores comenzó a vociferar que había cuatro aprehendidos de su bando, cortaron los pasos de acceso y salida de la zona y generaron violencia en las comunidades indígenas aledañas.

“No vamos a permitir que se asienten en nuestro territorio, acá hay un pueblo valiente que va a seguir luchando por lo que nos corresponde. Es momento de defender nuestro territorio cruceño y nuestro territorio chiquitano”, expresó la diputada.

Álvarez recordó que son varios años que se viene denunciando el ingreso de estas organizaciones mal llamadas “interculturales” con aval gubernamental y político, en territorios que además de ser reservas forestales, constituyen un generador de lluvia y agua natural que corre riesgo por estos asentamientos humanos.

La legisladora exigió a la Fiscalía y a la Policía que cumplan con su obligación de precautelar el vivir bien de las comunidades indígenas, ya que este viernes fueron testigos de los avasallamientos y de la violencia con la que operan estos grupos irregulares y delincuenciales.

“No vamos a permitir que nos amedrenten más, vamos a volver a nuestras tierras las veces que sean necesarias, no nos van a cansar, no nos van a quitar nuestra área protegida”, remarcó la diputada cruceña.

La inspección verificó los asentamientos, casetas improvisadas y maquinaria pesada dentro de esta zona boscosa que sirve para desmontar los árboles y abrir pasos con el consecuente daño ambiental en la zona.

Ya la anterior semana, estos grupos de avasalladores había impedido el paso de los bomberos voluntarios al Parque Noel Kempff e incluso decomisaron combustible que iba a coadyuvar a los motorizados desplazados en la zona para cumplir con las tareas de  sofocación del fuego que ya ingresó a esta y otras áreas protegidas de Santa Cruz.

La ayuda para combatir los incendios tampoco llega a los municipios de la Chiquitania, concluyó la diputada Álvarez; por tanto, pidió al Gobierno que accione todos los mecanismos para que la maquinaria, equipamiento, agua, medicamentos, herramientas y demás sean destinados a San Ignacio de Velasco, San Rafael y otros, porque hasta la fecha todo el material que llegó a las comunidades fue de parte de la solidaridad de la ciudadanía y de activistas voluntarios que no quieren ver arder a Santa Cruz.

Con cerca de 7 millones de hectáreas quemadas, los incendios forestales de este año se constituyen en el desastre ambiental más grande registrado en Bolivia , sobre todo por los daños sufridos en los departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba.

///PRENSA DIPUTADOS / MRA///