María René Álvarez - Asambleísta Departamental
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La asambleísta de Libre María René Álvarez fue electa este jueves como presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental para la gestión 2026 a 2027. La "jaguar chiquitana" afirmó que un nuevo tiempo con autonomía y libertad comienza para Santa Cruz. 

La exdiputada representante de la Chiquitania, recibió el apoyo de la bancada mayoritaria de la alianza Libre y será quien dirija el ente legislativo cruceño que acompañará la gestión del gobernador Juan Pablo Velasco. 

"Hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz, con mayor autonomía y libertad para decidir el destino de los cruceños y vamos a trabajar desde este parlamento de la cruceñidad para darle a nuestro departamento un mejor futuro", manifestó Álvarez. 

Álvarez es una joven política orgullosa de su herencia chiquitana y por ello siempre lleva y luce los símbolos de su tierra, con profunda fe católica y que sabe desarrollarse en armonía con el medio ambiente. La asambleísta, conocida como la "jaguar chiquitana", por su procedencia de San Ignacio de Velasco, tiene una amplia trayectoria en la defensa del medio ambiente, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas. Durante sus cinco años de gestión como diputada nacional denunció los avasallamientos de tierras en Santa Cruz y reveló la existencia de una mafia organizada entre el Gobierno del MAS y sus grupos afines como los denominados interculturales.

En su labor legislativa también pidió que se abroguen las leyes incendiaras, como la Ley 741 que desde 2015 permite las quemas indiscriminadas de bosques y que en 2024 llegó a consumir más de 12 millones de hectáreas, en el peor desastre ambiental que vivió el país.

Entre sus logros de gestión parlamentaria está la paralización de las actividades mineras en el AMNI San Matías, mediante una demanda cautelar ambiental. 
Impulsó la conformación del Comité Interinstitucional para la protección del Bajo Paraguá, así como una Acción de Cumplimiento para que la Alcaldía de San Ignacio de Velasco active los mecanismos legales para evitar avasallamientos en esa región.

También presentó una Acción Popular para denunciar la construcción de la carretera La Guardia – Tres Cruces – Buena Vista, con afectación a los acuíferos de la UCPN Güendá - Urubó y logró que la justicia ambiental se manifieste en un tema vital como es el manejo de los residuos sólidos en el botadero municipal de San Ignacio de Velasco, que tuvo esta semana una inspección in situ para establecer responsabilidades y activar un proceso ambiental que precautele la salud de las comunidades afectadas por la contaminación generada.

Dentro de la justicia ambiental, Álvarez también alcanzó un hito con la resolución de medidas cautelares de protección ante el Tribunal Agroambiental para preservar a la especie del jaguar, que a su vez dispuso una pausa ambiental que evitó que toda la región chiquitana vuelva a ser víctima de las mal llamadas quemas controladas durante la pasada gestión, en lo que significó un alivio luego de cinco años de constantes incendios forestales en Santa Cruz.

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La diputada nacional María René Álvarez interpuso este lunes, una demanda de responsabilidad por daño ambiental contra el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, por su omisión e inacción en el manejo del botadero municipal.

"Durante más de 15 años, el botadero municipal de San Ignacio de Velasco ha funcionado de manera ilegal, sin licencia ambiental y sin las mínimas condiciones técnicas. En ese tiempo, se ha convertido en un foco de contaminación que envenena nuestro suelo, contamina nuestras aguas, degrada el aire y pone en riesgo la salud de miles de familias", declaró.

La legisladora representante de la Chiquitania, quien realizó varias inspecciones in situ durante su gestión parlamentaria, presentó la nota y los antecedentes del caso ante el Juzgado Agroambiental de San Ignacio de Velasco, recordando que durante los últimos años la acumulación de residuos sólidos está afectando a ese municipio con el botadero ubicado a solo 8 kilómetros del centro urbano, camino a la comunidad Recreo y sobre un suelo franco arcilloso a cielo abierto.

Una de las argumentaciones de la diputada cruceña es el hecho de que existen terrenos disponibles para el traslado del vertedero a un lugar con 200 hectáreas, de las cuales 10 se encuentran disponibles para uso inmediato, pero desde 2021 el alcalde Dorado no ha realizado ninguna gestión efectiva para solucionar esta demanda de vecinos y comunarios que se encuentran afectados con la contaminación que, además, ya amenaza a los recursos hídricos de la zona.

Desde 2019 se realizaron gestiones para buscar un nuevo espacio ante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y se aprobó el proyecto de “Gestión Integral de Residuos Sólidos de San Ignacio de Velasco” e incluso se remitió al Ejecutivo el respectivo proyecto de Diseño Final del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

“Actualmente, el botadero carece de licencia ambiental, no trata los lixiviados que se generan y ya ha superado su vida útil, representando un grave riesgo de contaminación de las fuentes de agua cercanas, los suelos, la biodiversidad y la salud pública”, agregó Álvarez.

La demanda pide se declare probada la existencia de daño ambiental y la responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco y su máxima autoridad ejecutiva por omisión e inacción frente al manejo inadecuado del botadero municipal.

Asimismo, solicita se ordene el cierre técnico y la clausura definitiva del actual botadero municipal, por representar un riesgo continuo a la salud pública y al medio ambiente, así como la ejecución inmediata del nuevo relleno sanitario, conforme a los estudios de preinversión existentes y las observaciones técnicas emitidas por el MMAyA.

Álvarez explicó que esta demanda busca sentar un precedente, pero también que exista una reparación integral con la remediación de los suelos contaminados, el tratamiento de lixiviados, la restauración de la biodiversidad local y la compensación patrimonial a las comunidades y predios ganaderos afectados.

"San Ignacio de Velasco no puede seguir pagando las consecuencias del abandono. La reparación del daño es una obligación legal y moral del Gobierno Municipal", concluyó.

Por su parte, el vecino Elio Torrico agradecíó la representación de la legisladora ignaciana, porque la autoridad municipales no atiende los reclamos de la ciudadanía.

En su caso, el afectado explicó que sufrió la pérdida de 16 vacas lecheras, muertas por la contaminación y los constantes incendios provocados en el botadero municipal y sin control, que provoca inseguridad en toda la zona.

El botadero municipal a cielo abierto funciona desde 2009 y recibe aproximadamente 21 toneladas diarias de residuos sólidos, sin que exista ningún proceso de separación, clasificación ni tratamiento adecuado.

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La diputada nacional María René Álvarez denunció que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró a la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme como parte del municipio beniano de Baures, en vulneración a la autodeterminación de pertenencia de esa población y a acuerdos previos firmados entre las autoridades originarias con el Gobierno.

Para la diputada representante de la Chiquitania, el INE incurre en faltas y delitos al publicar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024, con ese registro de Piso Firme fuera de Santa Cruz.    

“Faltas, al desconocer los acuerdos firmados con las autoridades originarias de Piso Firme, demostrando una falta total de respeto y un desprecio a los caciques que decidieron que su autopertenencia sea en el municipio de San Ignacio de Velasco. Y comete delitos por atribuirse funciones que no le corresponden, al trasladar a toda una población, con sus 634 habitantes, registrados en otra jurisdicción territorial”, expuso Álvarez.

La legisladora recordó que Piso Firme estableció en 2024, acuerdos con el Gobierno, con el Viceministerio de Autonomías y con las autoridades municipales de San Ignacio de Velasco. En ese contexto, Álvarez recordó que las 160 familias indígenas de esa comunidad fueron censadas como parte de Santa Cruz, luego de un acuerdo que se realizó meses antes del Censo de marzo del año pasado.

De igual forma, la población de Piso Firme sufragó el pasado 17 de agosto como parte del municipio ignaciano, de la circunscripción 54 y del departamento de Santa Cruz. “Por tanto, el INE vulnera todos los derechos, incluso de representación política de nuestra comunidad indígena chiquitana”, agregó la diputada.

El conflicto territorial sobre Piso Firme se activó desde la Gobernación de Beni, junto al Viceministerio de Autonomías, entonces dirigido por el actual ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz; por ello, Álvarez califica el caso como un nuevo ataque político contra Santa Cruz.   



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La diputada nacional María René Álvarez, mediante el abogado Juan Carlos Camacho, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Evo Morales por incitar a cometer delitos electorales durante los comicios de este 17 de agosto.

"No podemos permitir que Morales siga actuando con total impunidad desde el Chapare, induciendo a sus militantes a cometer delitos porque él no figura como candidato. Es momento que la Fiscalía tome acciones y evite que se comentan delitos electorales este 17 de agosto", sostuvo la legisladora.

El reconocido abogado explicó que la denuncia se presentó contra el expresidente y dirigente cocalero, por instigar a sus adeptos a quemar las ánforas, mediante declaraciones públicas que emite cada semana.

"La promoción y el llamado a dicha conducta delictiva implican una situación de riesgo inminente y de peligro concreto para el normal desarrollo del proceso electoral", señala la denuncia que identifica como lugar del hecho al trópico de Cochabamba. 

La instigación a estos delitos electorales, como autor intelectual, vulneran la Ley de Régimen Electoral 026, que implica privación de libertad hasta cinco años.

“La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realziación o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años”, cita el artículo 238 de la Ley 026.

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El municipio de San Ignacio de Velasco celebra sus 277 años de fundación y en los actos cívicos tuvo la presencia de personalidades que salieron desde la Chiquitania cruceña para asumir cargos de autoridades nacionales.

La jornada de este miércoles se desarrolló el desfile cívico ignaciano con la participación de las principales instituciones de la sociedad como guardaparques, unidades educativas, iglesia católica, caiques indígenas, autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Destacó este año la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien fue electo como magistrado en las elecciones judiciales de 2024 y posesionado como cabeza del Órgano Judicial el 19 de diciembre.

Asimismo, resaltó la diputada María René Álvarez, quien fue electa por voto mayoritario por esta circunscripción uninominal en 2020 y que lleva una gestión legislativa caracterizada por la defensa del territorio chiquitano, su hábitat, recursos naturales y apoyo a la población indígena.

La diputada dijo que la celebración cívica crece cada año en San Ignacio de Velasco, porque desde este municipio se proyecta un futuro de progreso, desarrollo, liderazgo y libertad.

También estuvo en primera línea el presidente del Concejo Municipal, Cristian Méndez, otro joven político con proyección, que representa al pueblo ignaciano.

La Misión de San Ignacio de Loyola, hoy San Ignacio de Velasco, fue fundada en 1748 por los padres jesuitas Miguel Areicher y Diego Contreras, con la población de la antigua misión de San Ignacio de Zamucos (desaparecida en 1745) y los indígenas ugareños, reseña el portal Misiones Jesuíticas.



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La diputada nacional María René Álvarez remitió una nota a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para objetar la postulación que hicieron sectores aliados al MAS, para que el actual vicepresidente David Choquehuanca sea nominado como postulante a la Secretaría General de esa entidad internacional.

La carta dirigida al secretario general António Guterres, denuncia el doble discurso de Choquehuanca en los temas de defensa del medioambiente y los pueblos indígenas, porque sus relatos ante la comunidad internacional no coinciden con sus acciones dentro de Bolivia, según expuso la legisladora chiquitana.

Álvarez detalló al menos cuatro casos que confirman cómo el vicepresidente actúa en temas internos del país, muy lejos de su discurso lleno de alegorías a la cosmovisión andina, la Pachamama y el respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Choquehuanca, recientemente, actuó para obstruir la defensa del jaguar ante el Tribunal Agroambiental, remitiendo un memorial en el que pedía que esa instancia judicial especializada se declare “sin competencia” para establecer medidas cautelares a favor de esa especie de fauna silvestre y su hábitat. De igual forma, desde su despacho se elevó una Acción de Inconstitucionalidad contra leyes municipales agroecológicas en el norte de La Paz que proponían declarar a aquellos territorios como zonas agroecológicas y libres de contaminación minera.

Asimismo, Choquehuanca no se pronunció en estos casi cinco años, sobre los incendios forestales y el ecocidio registrado en la Chiquitanía y Amazonía, que en 2024 registró 12 millones de hectáreas quemadas, siendo el peor desastre ambiental en la historia reciente de Bolivia. Es más, agregó la diputada, desde el Legislativo se viene obstaculizando la abrogación de las leyes incendiarias como la Ley 741.

Finalmente, Álvarez denunció el apoyo del MAS a los avasallamientos de tierras en la región oriental del país, situación que tampoco es abordada desde la Asamblea Legislativa que es presidida por Choquehuanca.

El pasado jueves, dirigentes de las organizaciones afines al MAS se hicieron presentes en Nueva York para ser parte del 24 Periodo de Sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, dentro de las actividades del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas que se desarrollará hasta el 2 de mayo.

En la inauguración del evento, dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) sugirieron el nombre de Choquehuanca para ser candidato a suceder a Guterres en 2026, cuando se convoque a la respectiva Asamblea General de la ONU.

La diputada por Santa Cruz también anunció que mandará todas las notas y evidencias sobre el doble discurso de Choquehuanca a otras instancias como el Consejo de Seguridad, donde existen cinco países en calidad de miembros permanentes y que tienen la potestad de vetar cualquier postulación a la Secretaría General.

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