La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que afecta a las comunidades indígenas de Aguas Calientes, Yororobá y Quitunuquiña, denunció la diputada nacional María René Álvarez.

La legisladora explicó que la entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia dio paso a la solicitud de licencia de prospección y exploración que hizo la empresa Walfremar SRL en fecha 8 de agosto de 2023, para actuar sobre 84 cuadrículas que no solo llegan a ingresar a las tres comunidades, sino que afectan a la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) de Tucabaca.

“Estamos ante un nuevo atentado contra nuestros recursos naturales y pueblos indígenas, porque estas concesiones afectan a la UCPN de Tucabaca que tiene importantes recursos hídricos comprometidos y una toma de agua que abastece a Aguas Calientes que puede ser contaminada, además de amenazar al turismo comunitario en Yororobá”, manifestó la diputada.

En ese sentido, Álvarez remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Minería y Metalurgia para que detalle bajo qué parámetros se pretende fomentar la actividad minera en esa zona, pues la empresa obtuvo de la AJAM un plazo de tres meses para presentar su “plan de trabajo y presupuesto financiero”, dando paso a la intervención en esa región.

Asimismo, la diputada cruceña activó ante la Comisión de Organización Territorial y Autonomías de la Cámara de Diputados, un proyecto de Minuta de Comunicación para el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, para que aplique las normas ambientales vigentes en ese municipio, además de respetar las decisiones de las comunidades indígenas que anteriormente ya rechazaron la presencia minera, con el caso de la empresa transnacional Montecarlo SA.

La minuta pide al alcalde “gestionar acciones precautorias frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que pretendan realizar actividades mineras alrededor de las áreas de las comunidades de Aguas Calientes y Yororobá, colindantes al valle de Tucabaca, salvaguardando las cuencas hídricas, priorizando así el cumplimiento de los derechos fundamentales, sistemas de vida, protección del medio ambiente y del acceso a los recursos hídricos”.

La diputada remarcó que los ríos que bajan de Tucabaca y Aguas Calientes desembocan en los Bañados de Otuquis, parte vital del pantanal boliviano, y una actividad de extracción de minerales a cielo abierto generaría un daño ambiental irreparable.