Tras la reciente emisión del Decreto Supremo 5202 por parte del gobierno de Luis Arce, que hace una toma de El Choré, al pasar ese territorio de Reserva Forestal a Área Protegida, la diputada nacional María René Álvarez, exige al gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, que convoque de manera urgente a reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), con el fin de proteger este territorio cruceño.

“Exijo al gobernador en suplencia, que defienda esta Reserva Forestal, que no se siga cediendo territorio al centralismo y a los avasalladores que ahora tendrán carta blanca para seguir actuando de forma ilegal en El Choré”, expuso.

A través de la CAD, como institución departamental, la diputada pide que se activen todos los mecanismos para que ese decreto, que afecta miles de hectáreas dentro de El Choré, sea abrogado de manera inmediata. 

El DS 5202 publicado en la Gaceta Oficial este 14 de agosto, tiene por objeto “declarar la Reserva Forestal “El Choré” como Área Protegida en las categorías de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado” (ANMI).

Con esa medida, la legisladora cruceña advierte que si bien, por un lado se prohíbe todo hábitat humano y actividades extractivas en un parque nacional, por otro, se permite el uso sostenible como ANMI, siendo ese uno de los mecanismos que utilizan los avasalladores para apropiarse ilegalmente de las tierras.

“Esta acción puede afectar gravemente el medio ambiente con la explotación no controlada de recursos, la deforestación y la alteración de ecosistemas que amenazan la biodiversidad y los servicios ambientales. No les importa la conservación de nuestros bosques o las reservas de agua, ellos quieren despojar la propiedad privada y relegar a la gente originaria del lugar”, acotó.

Álvarez afirma que el plan de toma de tierras, impulsado desde que el MAS comenzó a gobernar, ahora pasó a la fase de avasallar las áreas protegidas, no solo de Santa Cruz sino de todo el país.

En ese marco, pidió que el gobernador en suplencia comience a defender los intereses de los cruceños.

En la CAD, expresó Álvarez, también se debe plantear la negativa al reciente proyecto de ley aprobado en la Comisión de Planificación de Diputados, para acceder a un crédito de 40 millones de dólares a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), bajo la excusa de “completar el saneamiento de tierras”.

“Este préstamo para el INRA no tiene transparencia y sabemos que en septiembre el Gobierno va a entregar títulos de propiedad, seguramente para legalizar a los avasalladores, y todas las autoridades de Santa Cruz deben comenzar a salir de su letargo ante esta emergencia”, concluyó.