La diputada nacional María René Álvarez rechazó el recién aprobado préstamo de 40 millones de dólares para el “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”, destinado, supuestamente, para concluir el trabajo de saneamiento de tierras, y por ello, solicitó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que transparente sus acciones.

La diputada cruceña rechazó este nuevo financiamiento a favor del INRA, pues considera que no existe transparencia en el manejo de recursos, además de cuestionar a esa entidad que durante la gestión del MAS solo se dedicó a ser parte de una “red delincuencial” que trafica tierras.

En tal sentido, Álvarez remitió una nota al director del INRA, Eulogio Nuñez, quien en semanas pasadas estuvo “socializando” ese proyecto suscrito el 23 de mayo, entre el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el Estado Plurinacional, solamente con legisladores oficialistas.

“Consideramos de vital importancia conocer a detalle el avance de este proyecto, así como los beneficios y desafíos que han identificado hasta la fecha. La información proporcionada será fundamental para asegurar la transparencia y eficacia de la implementación de este proyecto, que tiene un impacto directo en el desarrollo rural y la seguridad jurídica de las tierras”, cita la nota enviada el pasado 2 de agosto.

De igual forma, la legisladora cruceña remitió otra carta al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, para que se convoque a Nuñez a la siguiente reunión de la mesa directiva de esa instancia legislativa y explique el avance o implementación que se dará en esos recursos provenientes de un crédito internacional.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, con totalidad de oficialistas, aprobó ese proyecto de ley que, según un boletín institucional, “busca fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad rural, incrementar el uso sostenible de la tierra y aumentar la eficiencia del sistema catastral. Los fondos permitirán completar al 100% el saneamiento y titulación de tierras en todo el territorio nacional que a la fecha llegó al 93%”.

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