Con indignación, la diputada nacional María René Álvarez deploró el cuarto intermedio que declaró el presidente de Diputados, Israel Huaytari, bajo la excusa de “alentar a la selección boliviana de fútbol”, dejando paralizado el tratamiento de un cuestionado crédito de 250 millones de dólares que solicitó el Gobierno y el proyecto de abrogación de la Ley 741.

Poco después de la justificación del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para el tratamiento de este nuevo endeudamiento para el país, Huaytari decidió declarar cuarto intermedio de forma unilateral y abandonó la sesión, cuando había una lista de parlamentarios para hacer uso de la palabra.  

“Huaytari tiene que entender que es un empleado público y que tiene la obligación de cumplir con su trabajo, porque estamos aquí para darle respuestas a todos los bolivianos. Es una falta de respeto total y ojalá la prensa registre a todos estos figuretis que se van al estadio para ver el fútbol”, rechazó la legisladora.    

Asimismo, Álvarez reiteró que este nuevo crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 250 millones de dólares “para emergencias por desastres naturales y de salud pública”, no llegará a las comunidades indígenas afectadas por los incendios y esos recursos solo irán a cubrir el gasto público que tiene el Gobierno central.

En la sesión convocada desde la mañana, se rechazó la propuesta de la diputada cruceña para modificar el orden del día y así priorizar el tratamiento del proyecto de ley que pasó del Senado para la abrogación de la Ley 741, considerada la principal norma incendiaria desde su promulgación en septiembre de 2015 por el entonces presidente Evo Morales.

La Ley 741 tiene por objeto “autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales”.

La diputada representante de la Chiquitania, advirtió que esta forma de aprobar créditos primero y luego condicionar el tratamiento de normas importantes para el país, es una práctica pactada entre el MAS y la oposición funcional, en referencia a los grupos de Comunidad Ciudadana (CC) que ya fracasaron en su intento de negociación legislativa a principios de año con el tema de los magistrados autoprorrogados.

//PRENSA DIPUTADOS / MRA///