La diputada nacional María René Álvarez, como representante de la Chiquitania, respalda la primera e histórica Marcha por la Vida y el Territorio que iniciaron la pasada semana las comunidades del Alto y Bajo Paraguá en demanda de atención del Estado.

En ese sentido, la legisladora recordó que la marcha indígena que partió de la comunidad San José de Campamento, llegará a San Ignacio de Velasco esta semana, tras haber visto afectado su territorio en más de 90% por la sequía y los incendios forestales de este año.

"Estas comunidades indígenas viven de la naturaleza, de los recursos naturales y con los incendios forestales lo han perdido todo", expuso la diputada.

En ese sentido, Álvarez remitió notas a los ministerios de la Presidencia, de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA) y de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), con el pliego petitorio de las comunidades indígenas que exigen la justa demanda de atención inmediata del Estado.

El pliego pide: el Desalojo de asentamientos ilegales; la abrogación de leyes que facilitan los incendios forestales; un inventario y evaluación post incendio; la construcción de pozos; la protección y conservación de los recursos hídricos; la modificación del Decreto Supremo de pausa ambiental; así como la protección del territorio ancestral del Alto Paraguá.

La diputada remarcó que el desastre ambiental provocado por los incendios forestales obedece, ante todo, a la permisividad del Gobierno con sus grupos aliados que durante estos años llegaron a avasallar el territorio chiquitano, además de la normativa que alienta las quemas como la Ley 741 que todavía se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. 

Todas esas acciones son calificadas como delitos ambientales y aquello será denunciado para que las actuales autoridades, incluyendo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, sean procesados a nivel internacional.