La diputada nacional María René Álvarez emitió este miércoles, un pronunciamiento público para exigir que cualquier proyecto de ley destinado a adquirir préstamos internacionales, bajo la excusa de temas ambientales y climáticos, sea transparentado y fiscalizado para que esos recursos lleguen a las poblaciones afectadas por los incendios forestales.

"No podemos permitir que se repita esta tragedia. Los fondos internacionales deben ser un instrumento para sanar las heridas de nuestra tierra y proteger el futuro de nuestras comunidades", refleja el documento de la legisladora representante de la Chiquitania, que puntualiza una serie de condicionamientos antes de aprobar cualquier nuevo crédito internacional. 

"Se tiene que reparar los daños provocados en las comunidades indígenas, en los bosques, en las áreas protegidas y parques naturales incendiados.

Se tiene que pensar en políticas de corto plazo para brindar seguridad hídrica a las poblaciones.

Se tiene que comenzar un plan de reforestación ante estas 7 millones de hectáreas quemadas, más de la mitad de bosques.

Se tiene que hacer una reprogramación de deudas bancarias para aquellos pequeños productores que han perdido sus cultivos o sus tierras por estas mal llamadas quemas controladas.

Se tiene que comenzar a acatar la Ley PLUS de uso de suelos que tiene cada departamento, en este caso Santa Cruz como la región más afectada.

Se tiene que garantizar la expulsión de los avasalladores de tierras, que son los principales provocadores de estos incendios.

Se debe hacer una auditoría general para conocer el estado de la titulación de tierras por parte del INRA o de los permisos de desmontes emitidos por la ABT la última década.

Se tiene que abrogar las leyes incendiarias, como la Ley 741 y otras, para evitar que cada año se tengan estos panoramas tan funestos en Bolivia", son los puntos expuestos en la nota.   

Recientemente, en la Cámara de Diputados ingresaron dos proyectos de ley para adquirir nuevos préstamos para el país por 325 millones de dólares.

Un proyecto hace referencia al crédito de 250 millones de dólares del BID “para ayudar a la emergencia de desastres naturales y salud pública” y otro por 75 millones de dólares de la CAF para el “programa de apoyo y gestión de eventos adversos del clima”.