La diputada nacional María René Álvarez se apersonó como tercera interesada a la audiencia de Acción Popular que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y logró que los vocales emitan un exhorto para que el Legislativo aborde y debata la abrogación de la Ley 741, considerada una norma incendiaria, permisiva y depredadora.

Álvarez participó de la audiencia virtual para aportar nuevas pruebas que permitan abrogar las denominadas leyes incendiarias, como ser la Ley 741 que ha provocado los incendios forestales y la catástrofe ambiental en el departamento y sobre todo en la región de la Chiquitania.

La Sala Constitucional Segunda presidida por los vocales Aldo Quezada y Efraín Cruz, escuchó la exposición de la legisladora, quien detalló las diez normas incendiarias aprobadas por los gobiernos del MAS entre 2013 y 2019, ocho leyes y dos decretos supremos, que contribuyeron en la quema de 50 millones de hectáreas durante todo este tiempo, siendo 2024 el peor año de desastre ambiental provocado en Bolivia.

La diputada se centró en denunciar la Ley 741 que "autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias", aprobada en 2015 porque es la principal causa para la extensión de las mal llamadas que más controladas que ya en 2019 devastaron más de 5 millones de hectáreas de tierras y bosques.

El vocal Cruz denegó la acción, pero exhortó a que la Asamblea Legislativa prosiga el trámite de sustanciación y deliberación para analizar, técnica y jurídicamente, si las normas citadas son la causa de los incendios y en qué porcentaje hubo de responsabilidad.

A su vez, el vocal Quezada añadió que la Asamblea Legislativa debe continuar con el tratamiento de los proyectos de ley que tengan que ver con la temática del medio ambiente y definir su carácter preventivo o restaurativo, así como analizar si corresponde la modificación, derogación o abrogación de las actuales normas vigentes.

El pedido concreto fue que se disponga al Órgano Legislativo que cumpla su labor y abrogue esas leyes, por ser una amenaza y peligro contra el medio ambiente, pero sobre todo que atenta a la salud y vida de las comunidades indígenas.

La Acción Popular fue presentada por María Sonia Roca y otros, contra el presidente del Estado, Luis Arce, y sus autoridades, en el marco de la defensa al medio ambiente. La adhesión de la diputada cruceña también apunta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, y los presidentes de ambas cámaras, Omar Yujra en Diputados y Andrónico Rodríguez en Senadores.

Durante la audiencia, Álvarez aclaró que la abrogación de la Ley 741 no fue rechazada sino que avanzó en la Cámara de Senadores, pero quedó paralizada en la Comisión de Constitución de Diputados, donde no se ha logrado convocar a sesión para reanudar su tratamiento y posterior sanción, un hecho que demuestra la falta total de voluntad política de parte de los legisladores de oficialismo y oposición.

///PRENSA DIPUTADOS/ MRA///